Londres, 13 nov (EFE).- La agencia de calificación de riesgos Moody's advirtió hoy del impacto que la moratoria hipotecaria aprobada el pasado día 8 por el Gobierno español puede tener en los títulos respaldados por activos inmobiliarios (RMBS, por su siglas en inglés).
En un comunicado, Moody's señala que "en el momento actual hay información limitada sobre los detalles el plan" y que "no está claro cómo se aplicará este paquete", con el que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero quiere ayudar a las personas desempleadas a hacer frente al pago de sus hipotecas.
La agencia afirma que "hay efectos potencialmente positivos", como "posponer el embargo de propiedades a la espera de que mejore el clima económico", pero añade que "la propuesta puede tener también un efecto contrario al deseado".
Moody's explica que puede darse el caso de prestatarios activos laboralmente que decidan renunciar a sus empleos al considerar que su situación económica será mejor recibiendo el correspondiente subsidio de desempleo y la ayuda gubernamental para el pago de la hipoteca durante el previsto periodo de dos años.
Si la situación económica no mejora sustancialmente en los próximos 24 meses, la agencia advierte de un eventual "shock" para numerosas personas, que no cobrarán ya el paro ni la ayuda hipotecaria, y alude también a los problemas técnicos que se pueden encontrar la administración y los bancos para aplicar el plan.
La propuesta del Gobierno establece que el Estado asumirá durante 24 meses el coste de la moratoria del pago del 50 por ciento de los préstamos hipotecarios de desempleados y autónomos, y compartirá con los bancos el riesgo de morosidad que generen estas operaciones.
La medida se aplicará a los créditos hipotecarios contraídos para la compra de la primera vivienda antes de septiembre de 2008, por una cantidad menor de 170.000 euros, cuyos titulares estén en el paro o pierdan su empleo antes de enero de 2010.
La cantidad que se deja de pagar será avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los prestatarios tendrán que pagar la deuda de forma prorrateada a partir de enero de 2011 y por un periodo máximo de 10 años.
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