28 febrero 2010

El Santander envía su 'testamento' al Banco de España

El grupo español se convierte en la primera entidad del mundo que establece la formula para liquidar sus activos en caso de ir a la bancarrota.


Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander, ha anunciado hoy en el Parlamento británico que la entidad española ha elaborado un "testamento" en el que se explica la fórmula legal y societaria para liquidar sus activos de una forma ordenada.

"Creo que somos el primer banco del mundo que prepara su testamento", ha dicho Sáenz ante el Comité de Economía de la Cámara de los Comunes. La semana pasada, Santander envió un borrador al Banco de España en el que se explica la estructura legal del grupo en todo el mundo y cómo podría disolverse sin crear un colapso del resto del sistema financiero.

"Ahora, tenemos que refinar el testamento con el Banco de España. Además, el supervisor español debe compartir el análisis del documento con los reguladores de otros países donde operamos, como Reino Unido y Brasil", ha indicado Sáenz a los parlamentarios británicos.

Según el ejecutivo español, Santander ha podido elaborar de manera rápida su fórmula de liquidación "por la simplicidad del grupo, que funciona con filiales en cada mercado con su propio capital, financiación y ajustándose a la legislación de cada país". Sáenz considera que, gracias a esa estructura societaria, es más fácil contener la extensión del colapso de una filial o un grupo, frente a otros bancos que operan a través de sucursales que dependen de la matriz.

El consejero delegado de Santander cree que el testamento debería actualizarse "una vez al año".

Sáenz considera que el establecimiento de estos regímenes de liquidación por todos los bancos es una de las claves de un futuro sistema financiero con menos riesgos. Además, el directivo español ha abogado por reforzar la capacidad de los reguladores para supervisar la actividad de los bancos, y por determinar nuevos requisitos de liquidez. "Esta ha sido una crisis originada por la falta de liquidez, que luego provocó los problemas de crédito", ha indicado Sáenz

Nigel Farage desenmascara al presidente de la Unión Europea ...tenemos presidente de la union europea votado en cónclave papal....democracia moderna

21 febrero 2010

La 'deuda B' que el Estado no cuenta.....esto es delirante

El pasado 8 de febrero la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, reveló que España emitiría deuda en 2010 por valor de 211.000 millones de euros. Ni más ni menos. «Es una oportunidad muy atractiva para los inversores», añadió Núñez, sabedora de que el deterioro de la imagen del país en los mercados internacionales estaba encareciendo día a día la prima de riesgo (el interés a pagar) respecto al bono alemán. Y destacó otro dato más: a finales de este año habría en circulación más de medio billón de euros de deuda en el mercado con el sello del Reino de España.

La cifra global de todas las administraciones -unos 692.000 millones- impone respeto. Pero asusta un poco más por el hecho de que no incluye los más de 66.000 millones que ayuntamientos y comunidades autónomas han emitido a través de las llamadas «vías alternativas», es decir, las que no se realizan mediante las tradicionales letras, bonos y obligaciones.

Con la caída en picado de los ingresos fiscales, la emisión de la denominada deuda B de municipios y autonomías se ha triplicado en el último año debido a las acuciantes necesidades de financiación de estas administraciones. Sobre todo, a través de las empresas público privadas. También han hecho lo propio algunas empresas dependentes del Estado.

El escándalo de la ocultación de la deuda griega a través de derivados gestionados desde Goldman Sachs ha hecho saltar varias alarmas en los órganos de control estadístico. España coloca deuda con este banco, pero no a través de derivados, aclaran en el Tesoro.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró esta semana que España no ha realizado operaciones especulativas para ocultar su deuda. Así lo corroboran también las agencias de rating consultadas.

Sin embargo, las administraciones públicas se han financiado a través de vías secundarias. La forma tradicional de financiación se hace mediante dos fórmulas: la concesión de créditos por parte de las entidades financieras y la emisión de deuda (letras, bonos y obligaciones públicas). En este último caso, la emisión de deuda de una administración autonómica y local debe contar con la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda global de las autonomías superaba los 84.000 millones en el tercer trimestre de 2009 frente a los 57.000 de dos años atrás. Mientras, la de los ayuntamientos alcanzó los 34.546 millones (la mayor parte de ella es crediticia).

Pero lo preocupante es el asombroso incremento del recurso a otras vías paralelas de financiación. Como las emisiones colocadas al resto de administraciones o la deuda directamente emitida por las sociedades públicas. También entran dentro de esta partida la utilización del fondo de reserva de la Seguridad Social, los créditos comerciales y las facturas pendientes.

«El problema ahora pasa porque las emisiones públicas de todos los países están saturando el mercado. Y no hay mucho dinero para el resto, por lo que las dificultades para lograr financiación por el resto de vías será cada vez mayor», señala una fuente conocedora de los datos.

Las cifras de esta financiación alternativa salen del cruce de los dos tipos de contabilidad de la deuda. El primero de ellos, el que se conoce como Protocolo de Déficit Excesivo excluye este tipo de financiación alternativa. El segundo, el de las cuentas financieras de la economía española sí los incluye. La diferencia de esas dos partidas permite, por lo tanto, observar el recurso a vías de financiación adicionales por parte de los poderes públicos.

Y este recurso ha crecido de forma desmesurada en los últimos años. Así, las autonomías han pasado de 11.395 millones de euros en el año 2000 a 25.125 millones en 2005 y a 37.429 millones a mitad de 2009.

Los ayuntamientos, por su parte, han elevado estas cifras a lo largo de los últimos nueve años desde los 10.631 millones hasta los 29.080 millones. Y la Administración central tampoco se ha quedado corta: ha duplicado esta vía desde los datos de cierre del año 2003 situándose ya en 104.126 millones, si bien es cierto que todas las fuentes consultadas han destacado la utilización de mecanismos perfectamente ortodoxos por parte del Estado.

El peso de estas vías adicionales de colocación de la deuda es más que significativo. En el caso del Estado, su peso sobre el total de la deuda de la Administración central se sitúa en un 21,16%. Mientras, en las autonomías, su peso sobre el total de la deuda de estos entes alcanza el 31,32%; y, en el caso de los ayuntamientos y el resto de corporaciones locales, el porcentaje se eleva hasta casi uno de cada dos euros: el 47,09%.

«Estos datos reflejan la realidad de las dificultades que se han encontrado y que se pueden encontrar a partir de ahora para financiar el gasto público», señalan las fuentes financieras antes mencionadas.

Y es que la evolución de la suma del conjunto de las administraciones, a lo largo de la última década no tranquiliza en absoluto: la deuda financiada por mecanismos alternativos ha pasado de 86.370 millones de euros a más del doble: 197.278 millones. Y sólo desde 2007 este mecanismo ha absorbido más de 41.500 millones.

«Todos estos mecanismos, además, están compitiendo con las exigencias de financiación de las empresas privadas, que acuden a unos mercados saqueados por los préstamos a las administraciones públicas y sus sociedades», concluyen las mismas fuentes.

Por si fuera poco, las autonomías y los ayuntamientos han seguido aumentando el número de empresas satélite, cuya deuda (acumulación de déficit) se contabiliza aparte. Por tanto, no aparece en el cómputo del déficit excesivo que determina el Plan de Estabilidad. Así, esta deuda B autonómica de sus sociedades era de casi 15.000 millones en el tercer trimestre de 2009, último dato conocido, frente a los 10.000 de 2007, al inicio de la crisis. La de los ayuntamientos alcanza los 7.574 millones, un 60% más que hace dos años.

En 2009 se ha detectado un aumento espectacular de la creación de estas empresas que se utilizan en su mayor parte para centrifugar partidas de gasto y de déficit. Eurostat, la agencia estadística europea, permite su creación siempre y cuando al menos el 50% de sus ingresos procedan del sector privado.

Sin embargo, están proliferando como setas y la Intervención General del Estado tiene dificultades para controlar su objeto social y obligar a las administraciones a consolidarlas en sus cuenta generales.

Además, existe otro cúmulo de sociedades de mayoría privada en las que las autonomías, y sobre todo los ayuntamientos, participan de forma minoritaria. Lo que supone más problemas aún en el desentrañamiento de esta madeja de deuda colateral.

Por cada sociedad pública disuelta por el Estado en los últimos 15 años, las autonomías han engendrado siete, pasando de 455 sociedades a 807. Incluyendo fundaciones y consorcios, las entidades con presencia pública de las Administración central, autonomías y ayuntamientos superan las 3.800. Una sangría contagiosa que ha llevado a diputaciones y alcaldes a controlar la mitad de las sociedades mercantiles públicas y que les permite eludir los controles administrativos de todo tipo, incluso en la contratación con terceros (sin licitación pública). Se trata además del coladero para repartir empleo.

LAS OTRAS DEUDAS PÚBLICAS

84.000 millones. Era la deuda global de las comunidades autónomas en el tercer trimestre de 2009. Dos años antes la cifra era de 'sólo' 57.000 millones.

34.546 millones. Es lo que deben los ayuntamientos. La mayor parte de esta cantidad corresponde a créditos por parte de entidades financieras.

37.429 millones. Es la deuda de las comunidades negociada a través de otras vías de financiación alternativa.

29.080 millones. Corresponde a la financiación 'paralela' que han obtenido las corporaciones locales.

23.000 millones. Es la cifra que deben las empresas 'satélite' que han creado ayuntamientos y autonomías, que no consta en la contabilidad general.

Director Financial Times: Por qué me preocupa más España que Grecia

Tras una década de una ambigüedad no siempre constructiva, la Unión Europea tiene ahora una norma para los rescates económicos: la ayuda se concederá a cualquier país que cumpla posteriormente un brutal programa de ajuste, impuesto por la Unión Europea. Sospecho que Grecia lo cumplirá, pero ¿qué pasaría si un país no lo hiciera? Casi seguro que Grecia no será ese país, pero España podría serlo.


No es concebible que Alemania y Francia juntas pueden rescatar a España. Es demasiado grande
El problema de España no es el derroche fiscal. Su coeficiente deuda/PIB todavía es inferior al 50%, pero va a aumentar rápidamente, ya que el país sigue enfangado en una trampa del crecimiento para la cual no veo una salida realista. España nunca debería haber adoptado el euro tan pronto. La entrada en el euro causó una enorme expansión del crédito y de la vivienda en una economía por lo demás débil, que ninguna regulación financiera podría haber contrarrestado.

El estallido de la burbuja española tiene un impacto de una magnitud cuando menos parecida a la reunificación alemana, probablemente peor, porque se produce en un clima económico mundial diferente. España podría pasarse a un modelo supeditado a las exportaciones, pero los demás están haciendo lo mismo, de modo que el alcance queda muy reducido. En cualquier caso, dicha estrategia requeriría una reforma significativa del mercado laboral y la disminución de la flexibilidad salarial, algo que el Gobierno español no contempla por razones políticas. Se perfila una década o más de deflación, es decir, deflación con respecto a Alemania, que también se encuentra bastante próxima a la deflación. Es muy posible que la trayectoria de la economía española se asemeje a la de Japón después del monumental estallido de su burbuja inmobiliaria a principios de los años noventa. Japón acabó teniendo dos décadas de ligera deflación, con unos índices de crecimiento muy bajos y un índice de deuda en relación con el PIB cercano al 200%. Al igual que España, Japón solía ser fiscalmente prudente.

Ahora ¿qué pasaría si nuestra nueva norma para los rescates se enfrenta a una crisis española, digamos que en cinco años? La UE exigiría, por instinto, un mayor esfuerzo de consolidación. Le pediría al Gobierno español que aumentara los impuestos y recortara los salarios. Exigiría un aumento de la edad de jubilación y una liberalización total del mercado laboral.

Apostaría que quienquiera que sea entonces el presidente del Gobierno español respondería con un signo grosero del dedo, se marcharía de la reunión, volvería a casa y declararía con orgullo que España no aceptará una pérdida de soberanía tan extrema. Mejor morir que estar sometido a un régimen extranjero hostil. Al día siguiente declararía una moratoria de la deuda del país. Y después, ¿qué?

Puede que Alemania se muestre reacia a rescatar a Grecia por toda clase de razones, pero Alemania lo hará. Pero no es concebible que Alemania pueda rescatar a España. Alemania y Francia juntas no pueden rescatar a España. España es demasiado grande. Y se da por seguro que España no será ni mucho menos tan obediente como Grecia. En cada supuesto siempre existe la posibilidad de que ocurra un accidente. Ahora la hay en el caso de Grecia. Pero si alguna vez España tiene problemas, me cuesta imaginar cómo se podrá evitar un accidente. Es más, es muy posible que España tenga problemas.

Ésta es la razón por la cual la Unión Europea y la zona euro en particular necesitan estar preparadas. La nueva norma para los rescates está muy bien por ahora, bien para Grecia, pero no resistirá una crisis de más envergadura. No deberíamos repetir el error del pacto de estabilidad, que fue revisado en 2005 para fracasar nuevamente en 2009. Si nuestra norma para los rescates fracasa, la supervivencia de la propia zona euro estará en peligro.


Wolfgan Münchau es director asociado de Financial Times y presidente de Eurointelligence ASBL. Traducción de News Clips.

19 febrero 2010

Cuatrecasas alerta de que a partir de marzo habrá una ola de quiebras empresariales

A partir del 1 de marzo, las firmas cuyos bienes inmuebles se hayan devaluado correrán el riesgo de acabar en un concurso de acreedores

19.02.10 - 02:23 -
JULIÁN LARRAZ | VALENCIA.

Quedan 10 días para uno de los horizontes más negros que se puede imaginar en la actual crisis. El fin del periodo de vigencia del Real Decreto-Ley 10/2008 del 12 de diciembre llevará a las empresas de toda España a una situación crítica. Sus cuentas van a sufrir un vuelco radical que les va a llevar a una situación de quiebra técnica, especialmente a aquellas firmas que tenga bienes inmobiliarios. Javier Castrodeza, socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, alertó ayer de que a partir del 1 de marzo la oleada de procesos concursales puede tener una dimensión enorme.

«En diciembre de 2008, el Gobierno preveía una vacatio de dos años en la que las pérdidas de activos e inmovilizado no debían contarse. Eso permitía no tener que afrontar el concurso. Desgraciadamente, esta medida acabó el 31 de diciembre de 2009», explicó ayer Castrodeza, que añadió: «Esto significa que muchas empresas no tienen contabilizados en sus fondos propios las pérdidas pero, a partir del 31 de diciembre pasado, tienen que hacerlo».

Según lo explicado por el socio de Cuatrecasas en una jornada de APD organizada por este mismo despacho y La Caixa, el problema llegado a este punto es que las empresas pueden tener una carencia de fondos propios a partir del 1 de enero de 2010 por lo que, pasados dos meses en esta situación, deben presentar el concurso de acreedores el próximo 1 de marzo.
El fin de la medida, sobre el que Elena Salgado, ministra de Economía, no ha anunciado su prórroga, afectará fundamentalmente a promotoras pero también a todas aquellas empresas que tengan bienes inmuebles (naves, locales...), es decir, casi todas. A la delicada situación actual, se les va unir estas nuevas pérdidas que deben aflorar en sus cuentas por lo que a las empresas que están en el filo de la navaja el fin del decreto les puede empujar hacia el concurso de acreedores del que más del 90% de las que allí acuden acaban en liquidación.

Riesgo desconocido

Además, hay un agravante peligroso. Las empresas se creen en situación de solvencia y, por el fin de este decreto, y tienen un alto riesgo de caer en insolvencia. Por su creencia de estar fuera de peligro no están preparando el proceso concursal por lo que cualquiera de sus acreedores, incluso estando al corriente del pago con ellos, podría forzarles a un concurso necesario (proceso promovido por el acreedor y en el que el deudor sale perjudicado).

Jon Palomero, director de la oficina de Forest Partners en Valencia, asegura que aunque el Decreto Ley se refiere de manera genérica a activos materiales, existencias e inversiones inmobiliarias, «es evidente que por motivos económicos y de mercado, los activos que han sufrido una mayor depreciación en esta crisis son los inmobiliarios, siendo por tanto estas empresas las que más se han beneficiado de la aplicación de esta norma, sin excluir empresas industriales que han ampliado la capacidad productiva mediante la compra de activos que también han sufrido depreciación y puedan haberse acogido a esta norma».

Desde la oficina especializada en asesoramiento financiero a empresas en situación de crisis, disputas y litigios empresariales, se sostiene: «Lo que tendrá que plantearse el legislador es, si dada la evolución que ha sufrido la economía y la perspectivas a medio plazo, que no son muy halagüeñas, si estamos ante un problema de tipo coyuntural de mercado y aplicar una prórroga o el problema es estructural y hace falta una iniciativa más contundente».

«Grave error del Gobierno»

El economista y asesor de empresas Fernando Giner asegura que, además del daño que va a generar al tejido productivo de la Comunitat el fin del decreto, se pone de manifiesto que el Gobierno no ha sido capaz de comprender la magnitud de la actual crisis. «El legislador pensaba que, para estas fechas, estaríamos ya en la recuperación. El Gobierno ha tenido un grave error de cálculo al pensar que el problema inmobiliario era coyuntural y no estructural, como se está demostrando que es». Giner, además, avisa de una posible reacción negativa en los mercados bursátiles conforme las empresas tengan que ir computando las pérdidas de valor de sus inmuebles «en un mercado que sigue a la baja».

18 febrero 2010

en manos de los chinos

La deuda española ha pasado de los 258.136 millones de euros en 2000 a los 448.092 millones del pasado año, un 73,5% más en nueve años. Los extranjeros controlan el 46% de la deuda pública frente al 35% de hace diez años. Asia, gracias a China, se ha convertido en uno de los principales tenedores con un 18% de la deuda emitida en 2009 (37.600 millones), sólo por detrás de Francia que tiene el 26%, casi 55.000 millones de euros.
La deuda española está en boca de todo el mundo, pero ¿quién tiene esa deuda?. Según los datos del Tesoro español, el 46,63% del saldo total de deuda (448.000 millones) fue a parar a manos de inversores no residentes, casi 209.000 millones de euros. 11 puntos porcentuales más que el 35,63% que tenían los extranjeros en 2000, casi 92.000 millones de euros de los 258.136 millones que se emitieron ese año.

China, englobada en el grupo Asia, África y otros, ha pasado en menos de diez años de ostentar el 2%, 1.839 millones de euros, al 18% que tiene en la actualidad, más de 37.600 millones de euros. Se dice que China sostiene el déficit de EE UU, pero de seguir la tendencia en un par de años será el principal acreedor de España.

Francia es el único país que supera a China con el 26% de toda la deuda que se emitió en 2009, casi 54.500 millones de euros. La tendencia de este país ha sido más uniforme, ya que en 2000 tenía en su poder el 21% de la deuda emitida y los años posteriores poseyó en torno al 22%.

El Benelux -Bélgica, Holanda y Luxemburgo- es el tercero de los receptores de la deuda española, según los datos del Tesoro. Así, los tres países tienen letras, bonos y obligaciones por valor de 31.339 millones de euros, un 15% del total. Este porcentaje sigue siendo alto, pero muestra que el interés de esos países por España ha caído ya que en el 2000 tenían el 20% del total de la deuda nacional, 5 puntos más.

Los alemanes, no quieren deuda española

Mientras que los asiáticos han comenzado a comprar deuda española, os alemanes han dejado de estar entre los principales compradores. Alemania en la actualidad tiene 14.625 millones de euros en productos de deuda española, un 7%, muy lejos del 12% que tenía en 2000. En nueve años, la inversión de los alemanes en deuda española ha caído 5 puntos porcentuales y se coloca en el 5º puesto de acreedores de España.

El T. Supremo abre la via a ILEGALIZAR las clausulas SUELO de las HIPOTECAS.

Un nuevo hilo de esperanza para los hipotecados 'pillados' por el suelo. El Tribunal Supremo (TS) ha anulado un total de 13 cláusulas 'impuestas' por los bancos en la contratación de tarjetas e hipotecas por "abusivas", "desproporcionadas" o "confusas" atendiendo a una denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2003. "Esta sentencia es todo un hito que sin duda abre la puerta a que en un futuro las actuales y polémicas cláusulas suelo sean derogadas", afirma Iliana Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU.

De los 13 puntos polémicos, cinco afectan directamente a los préstamos concedidos para la compra de casaDe los 13 puntos polémicos, cinco afectan directamente a los préstamos concedidos para la compra de casa. Para empezar, las entidades ya pueden despedirse de "reservarse la posibilidad de rescindir un contrato de préstamo hipotecario por cualquier causa". Hasta ahora, una caja o banco podría exigir -siempre que así se estipulara en el contrato- el pago inmediato del crédito al prestatario de manera arbitraria y sin motivo alguno que justificase su actuación.

En el mismo sentido, la banca estaba en su derecho de "resolver anticipadamente el préstamo por la posible disminución patrimonial del prestatario". Es decir, si una entidad 'intuye' que el hipotecado podría dejar de pagar y convertirse en moroso, podía exigir el reembolso anticipado de la deuda contraída entre ambas partes. Esto estaría produciéndose actualmente ya que no son pocos los que están perdiendo su empleo. Un hecho que pondría en alerta al banco, que forzaría el adelanto del pago provocando, quizá, que el afectado tenga que subscribir otro crédito con otra entidad para abonar su deuda inicial.

Junto a estas dos cláusulas anuladas por el TS, otras tres también dejan de ser legales y por lo tanto la banca tendrá que dejar de usarlas. Éstas son las siguientes: "hacer vencer un préstamo hipotecario cuando se deniegue la inscripción de la escritura aunque la no inscripción sea culpa de la entidad", "prohibir vender o enajenar el bien que garantiza la hipoteca" y "eximirse de la obligación de comunicar la cesión del préstamo a terceros".

'A partir de hoy, los bancos y cajas se lo pensarán dos veces a la hora de introducir puntos conflictivos en los contratos'Izverniceanu aplaude el "golpe sobre la mesa" del Supremo en un tema tan delicado como son los "abusos de las entidades financieras hacia sus clientes con hipoteca y que tanta polémica están suscitando en los últimos meses". "Esta nulidad de cláusulas no sólo afectará a las entidades sólo citadas en la resolución judicial sino a todas. A partir de hoy, los bancos y cajas se lo pensarán dos veces a la hora de introducir puntos conflictivos en los contratos de créditos", afirma la portavoz de OCU.

"Este dictamen es un paso muy importante de cara a que próximas demandas de este tipo sean admitidas y, con suerte, declaradas sin efecto. Sin duda, ayuda a que se reequilibre la balanza entre la banca y los consumidores, muy decantada hacia la parte privada", afirma Izverniceanu. Hace unas semanas, Su Vivienda ya publicó cómo algunas entidades financieras estaban suprimiendo estos puntos en los contratos de algunos de sus clientes.

La OCU además ha pedido a todos los grupos parlamentarios recientemente incluir las 'cláusulas suelo' en el Art. 87 de la Ley General de Consumidores y Usuarios para que éstas sean consideradas como ilegales. Aún habrá que esperar unos meses para comprobar si esta solicitud también es respaldada por las formaciones políticas. Por el momento, Izquierda Unida ya ha expresado su rotundo rechazo a las 'cláusulas suelo' y registrando una proposición no de ley en el Congreso en la que pide al Gobierno que las suprima. Misma solicitud que le hizo el Senado hace ya unos meses.

recuperacion economica mundial

15 febrero 2010

Los parados de las barriadas obreras han empezado a organizarse

Juan de Dios Coalla, 37 años, vigilante jurado en paro y presidente de la recién creada Asociación de San Andrés y San Juan de Dios, apoya un maletín en una especie de peana circular en cuyo centro debería alzarse una farola. Saca unos folios en los que se adivinan recuadros con firmas y se lo entrega a un hombre que pasa de los cuarenta. Luego dice: «Setecientos uno» y añade: «Sí, todos parados». Se refiere al número de asociados tras esta última incorporación.

En torno a esa especie de peana sin farola que parece indicar el centro justo de la plaza de Cancho Pérez, en el corazón mismo de San Andrés, hay ocho, nueve, diez hombres; y un poco más allá, justo en la puerta de Bebidas Rivera, un grupo de cinco o seis. Bebidas Rivera es uno de los pocos establecimientos de la plaza que no ha echado el cierre y su propietario, tesorero de la asociación en la que nadie paga cuotas, fía cerveza y otras bebidas. La frutería ha caído, la carnicería también; y la pescadería y unos cuantos bares.

«En el parque que da justo detrás también hay grupos de hombres y a las ocho de la tarde nos podemos juntar hasta cuarenta o cincuenta. De una esquina a otra, dando vueltas como los tontos. Eso es lo que hacemos», dice Juan Carlos Trujillo, 31 años, camarero, dos años en paro. Ahora es también vicepresidente de la asociación de San Andrés, la última que ha surgido en la provincia y que se suma a las asambleas de parados que se han constituido en Carretera de Cádiz, Cruz del Humilladero, Cártama y Campillos. También se ha creado la Asamblea de Ferralla. En la provincia hay seis mil ferrallistas en paro.

La cifra más repetida

Cuatrocientos veinte euros. Esa es la cifra más repetida en los barrios obreros de la capital, aunque en muchos casos ni siquiera existe ese ingreso. Cuatrocientos veinte euros al mes entran en casa de José González, albañil en paro desde hace dos años. El alquiler de la casa en la que vive con su mujer, con su padre y con sus tres hijos pequeños le cuesta 300 euros, así que le quedan 120 para todo el mes: «Los estiramos. Una misma comida, tres días. Estiramos y pedimos a amigos, a familiares».
El presidente de la nueva asociación de San Andrés cuenta que vendió latas este verano en la playa y que ahora también vende lo que puede en los mercadillos. Hay quien recoge aluminio y chatarra para sacar algo y quien acepta currar fines de semana completos por menos de la mitad de lo que lo hacía antes. «La gente tiene que buscarse las habichuelas», dice Pedro Sánchez, coordinador de la Asamblea de Parados de Carretera de Cádiz. «Tenemos compañeros despedidos a los que el mismo empresario les llama cuando quiere, para que trabajen por horas, que les paga a la mitad. Si dicen que no, hay cien detrás que van a a decir que sí. No todos, pero algunos empresarios se aprovechan».

Hay quien se ha visto obligado a regresar al hogar materno. «Yo tengo a mi mujer y a mi hija de cuatro meses viviendo en casa de mi madre», dice José Manuel Martín, oficial de primera; dos años en paro. Antes de que la construcción se fuera al traste ingresaba hasta 1.800 euros mensuales y vivía en una casa alquilada en Campanillas. Ahora él, su mujer y su hija viven de los 550 euros de la jubilación de la madre. También vive de la pensión de su madre Rosendo García: «con sus trescientos y pico euros vivimos tres hermanos en paro, recogidos en su casa», dice.

Después de echar una docena de currículum al día, de no recibir ni una oferta de trabajo y de ver cómo a ella y a su marido se les agota la prestación por desempleo, Lola Torres, 27 años y madre de una niña de diez meses, dice que sería capaz de trabajar en cualquier obra. «No hay nada. El desempleo se acaba en junio, que está ahí mismo y no hay nada... Con cuatrocientos veinte euros hay para comer y punto. Antes de pagar la hipoteca le daré de comer a mi hija. Dejaré de pagar antes de dejar de comer», afirma Lola, que se quiebra al hablar. Los hombres reunidos en torno a la peana sin farola se enfurecen al verla llorar.

«Se puede liar»

«Se puede liar. Como sigamos así, se lía. Todos vamos a liarla. Si no hay trabajo y no hay dinero buscaremos entre todos comida. Cogeremos comida, para sobrevivir», dice José González, en cuya casa de alquiler viven seis, con cuatrocientos veinte euros al mes y la misma comida durante tres días. «Y luego está el tema de los embargos -añade-. Aquí no se embarga ni una casa más. Si intentan embargarle la casa a alguien van a tener que venir los geos».

La tensión no sólo se masca en San Andrés. También hay tensión en Carretera de Cádiz, en Bailén-Miraflores, en Cruz de Humilladero, en Ciudad Jardín: «La gente está quemada. Las prestaciones y los pocos ahorros de las familias se agotan. Afecta a la familia, a la salud, a la pareja...», dice el portavoz de los parados de Carretera de Cádiz.

Excusatio non petita, accusatio manifesta....Trichet no tiene ninguna razón para dudar de la solvencia de España

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, dijo hoy que no tiene razones para dudar de la capacidad de España para hacer frente a la situación de sus finanzas públicas, y comentó que en la zona euro el único problema "particular" es Grecia.

Trichet, interrogado en la emisora de radio francesa "RTL" sobre la situación económica española y las consecuencias para restablecer el estado de sus finanzas públicas" respondió que no tiene "ninguna razón para tener dudas sobre ningún país", más allá de reconocer que en la zona euro "tenemos un problema particular con Grecia".

El presidente del Banco Central Europeo ha subrayado este domingo que Grecia debe corregir lo que hizo en el pasado para garantizar la sinceridad de sus cuentas públicas, que serán objeto de verificación, gracias que ahora es jurídicamente posible.

"Grecia se tiene que dar cuenta que debe corregir una trayectoria que era aberrante", declaró Trichet en una entrevista en Francia a la emisora de radio "RTL" y a la cadena de televisión "LCI".

Recordó que en el Consejo Europeo de esta semana se decidió "la verificación de cifras" y que por su parte "Grecia se ha comprometido a tomar las medidas necesarias" para restablecer la situación de sus finanzas públicas.

"Cada país está bajo la vigilancia de los pares", una vigilancia que fue "poco rigurosa en algunos casos, como hemos dicho para Grecia", reconoció el presidente del BCE, que interrogado sobre la sinceridad de los datos ofrecidos por Italia respondió que no duda "a priori de la credibilidad y de la transparencia de las cuentas públicas italianas".

Trichet dijo que le parece suficiente el compromiso de todos los países de la zona euro, que en una declaración de los jefes de Estado y de Gobierno el pasado jueves se comprometieron a tomar "las medidas necesarias si fuera necesario" para ayudar a Grecia.
"Que cada uno cumpla sus compromisos"

"Eso me basta. Que cada uno cumpla sus compromisos", señaló a la cuestión de si no se darán a conocer además de esa declaración medidas específicas.

Y no quiso entrar a valorar si será suficiente para atajar los movimientos especulativos y devolver la calma a los mercados con el argumento de que "nunca" comenta "las evoluciones de los mercados", sino que su misión es garantizar la estabilidad de precios.

En cuanto a la idea de que la canciller alemana era reticente a anunciar ayudas concretas para un eventual salvamento de Grecia, Trichet puso el acento en que Angela Merkel, como todos los demás líderes "dijo que tomaría, si fueran necesarias, las medidas para estabilizar la zona euro".

El presidente del BCE reconoció que lo ocurrido con Grecia "no es tolerable, no debería haber sido tolerado y no se tolerará", para lo cual "debe corregir lo que hizo en el pasado" cuando tomó decisiones "totalmente al margen" de la regla de estabilidad de precios y del Pacto de Estabilidad.
Pacto de Estabilidad y Crecimiento

Precisamente, indicó que es este Pacto de Estabilidad y Crecimiento suscrito por los países de la moneda única el que constituye la base del tan comentado "gobierno económico europeo".

"Un gobierno económico es una entidad que toma decisiones y las aplica (...) que puede imponer decisiones" a los países miembros y "eso es lo que prevé el Pacto de Estabilidad".

14 febrero 2010

LA RUPTURA DE LA ZONA EURO ES INEVITABLE

Importante repercusión la que está teniendo la afirmación realizada por Albert Edwards de Societe Generale, en el sentido de una inevitable ruptura de la Zona Euro.

"Cualquier medida de ayuda para Grecia simplemente servirá para retrasar la inevitable ruptura de la Zona Euro. El problema no es el tamaño del déficit público en Grecia, Portugal, España...sino que años de unos inadecuados y
bajos niveles de tipos de interés han provocado un rápido sobrecalentamiento e inflación".

"La raíz del problema es la falta de competitividad dentro de la zona euro, una consecuencia de una talla única para la política monetaria."

"Aunque estos países recorten sus déficits la cura a largo plazo requiere de años de deflación relativa, algo que sus votantes no van a tolerar. Hay poca ayuda que se puede ofrecer por los países de la zona euro a otras naciones de la misma zona, que no sea tiritas temporales de confianza, antes del desenlace final: LA RUPTURA DE LA ZONA EURO."

Estas afirmaciones ya están afectando a los mercados de renta variable y al euro, y es probable que se incremente la presión corta de algunos Hedge Funds.

12 febrero 2010

que se cuece por Australia?

Ayer recibí un mail informándome de una sorpresiva reunión de los banqueros más importantes del Planeta en Australia. También ayer confirmé esta información desde la enimática página whatdoesitmean.com donde, como siempre, se nos explicaban todas las derivaciones de esta inusual reunión.
Bajo el impactante título “Se acerca el Armagedón económico con la deuda australiana a punto de explotar”, se explicaba un informe del vicepresidente del gobierno y ministro de finanzas ruso, Alexei Kudrin, sobre el nivel de endeudamiento de la hacienda pública australiana (casi 14%) que, pese a ser inferior al de otros países occidentales (US: 97.5%, UK: 72.7%, Germany: 86.6%, France: 80.3%, Italy: 121.1%, y la extraordinaria de Japón 227.4%) puede hacer colapsar el sistema económico mundial. [Sinceramente, no entiendo por qué con esa tasa es tan preocupante: será porque su economía no es tan fuerte como para soportarlo].
Mientras en el Parlamento australiano se habla abiertamente de la posibilidad del colapso del sistema, lo curioso (y sintomático de la cuestión) es que el gobierno australiano lleva unas semanas comenzando a derogar garantías constitucionales, tales como libertades individuales respecto a Internet posibilitando el cierre de las páginas consideradas “peligrosas” y videos de youtube sin mediar un proceso judicial, lo que ha originado ataques hackers a webs institucionales. Asímismo, Prison Planet ha informado de que se han comenzado a instalar los mismos escáners en los aeropuertos australianos que otros países anglosajones como Estados Unidos e Inglaterra bajo el pretexto del terrorismo de bandera falsa.
Uniendo ambas líneas de investigación, nos encontramos con la noticia que puede establecer una correlación entre la reunión de los banqueros en Australia, su endeudamiento y las medidas del Nuevo Orden Mundial, al conocer que el propio país de las antípodas ha cancelado los fondos de garantía establecidos en todos los países para proteger a los ahorradores en caso de colapso financiero. (Estemos atentos porque posiblemente esto pasará en otros países: Y SERÁ LA SEÑAL PARA SACAR EL DINERO DE LOS BANCOS!!!).

Así pues, no es solo España el país que se encuentra con riesgo de colapsar sino TODOS LO PAÍSES DEL MUNDO, pues los bancos de unos tienen comprada deuda de los de los otros. Y esto no lo digo yo, conspiranoico redomado, sino THE WALL STREET JOURNAL.

The Economist: Zapatero "no parece estar a la altura" y Blanco dice "sandeces"

El semanario británico The Economist, cuyo 50% pertenece a Financial Times, analiza esta semana la gestión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y señala que es el momento de que demuestre su liderazgo. "El Sr. Zapatero no parece estar a la altura", señala la revista, que afirma que "España debería seguir el ejemplo de Alemania, o de su propia transición a la democracia de finales de los 70, con un pacto nacional con los sindicatos, empresas y todos los principales partidos políticos".


"Si Grecia está en quiebra, ¿se encuentra España lejos de verse en la misma situación? Siendo cuatro veces más grande que Grecia, España ha recibido casi la misma negativa por parte de los inversores", así comienza The Economist un análisis sobre el Gobierno español.

Ante la teoría del complot de los especuladores que manifestó hace unos días el ministro de Fomento, José Blanco, el semanario reclama "madurez" ante "estas sandeces". "Es cierto que España no es Grecia.[sic] No obstante, existen buenas razones para que los inversores se preocupen por España", señala The Economist. La elevada tasa de paro y el elevado déficit son los principales motivos de preocupación, según la publicación.

A esto se suma, indica The Economist, que "el Sr. Zapatero no parece estar a la altura. Fue un líder popular en los buenos tiempos, durante el largo boom de España, pero no pudo ver que la depresión económica se acercaba. Cuando reconoció, ya muy tarde, que la economía estaba en apuros, diagnosticó mal el problema", señala.

Y añade: "Durante los últimos meses los mercados han comprendido que este hecho, si persiste en él, llevará el país a la ruina. Se encuentran un paso por delante del gobierno, que ha reaccionado con torpeza y confusión, lanzando de forma abrupta un plan de austeridad y un esquema impreciso para la reforma del mercado laboral, para luego retirar trocitos de ambos cuando se desató el más ínfimo síntoma de protesta".

The Economist señala que para reformar el mercado laboral, la economía y el gasto público, "España debería seguir el ejemplo de Alemania, o de su propia transición a la democracia de finales de los 70, con un pacto nacional con los sindicatos, empresas y todos los principales partidos políticos". Y, además, advierte de que "retrasar el daño tan sólo lo incrementará. Si no puede encontrar en sí mismo las cualidades necesarias para empezar a gobernar, muchos de los miembros de su partido al igual que los ciudadanos españoles pronto se preguntarán por qué esta en el Palacio de la Moncloa".

En otro artículo, The Economist, habla de las debilidades de la economía española. "Cada miembro de la eurozona tiene puntos débiles que limitan su potencial. España parece acumular las fragilidades de todo el continente", dice. El rígido sistema de fijación de salarios, la falta de eficiencia y la alta tasa de temporalidad, son algunos de los problemas que aduce. "Los políticos en España se han dado cuenta recientemente de la necesidad de reformas. El sistema de salarios exige con urgencia", indica.

The Economist: Zapatero no parece estar a la altura - Expansión.com

De olímpico a moroso: Gallardón no paga ni a Iberdrola... ni a Fenosa....cotizalia

De tocar el cielo olímpico con la punta de los dedos, a no pagar la luz. Esta es la situación del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que en apenas cuatro meses ha pasado de estar en el centro del mundo con su candidatura a organizar los Juegos Olímpicos de 2016 a ser acusado de moroso por no pagar el recibo de la luz.


El regidor del consistorio madrileño denunció ayer a Iberdrola ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por haber cortado el suministro a varias dependencias municipales en la mañana del pasado martes. Una decisión que para el Ayuntamiento de la capital de España es injusta, ya que considera que el suministrador no está cumpliendo las obligaciones que tiene de precisión de detalle de la factura. Además, sostiene que entra en contradicciones entre distintos soportes informáticos y documentales, por lo que "evidentemente, no se puede proceder al pago".


Pero para Iberdrola el asunto es más sencillo. Gallardón no paga desde el 1 de julio, fecha en la que entró en vigor el sistema de tarifa de último recurso. La eléctrica le solicitó que hiciera frente a la factura en un periodo de 60 días, tal y como marca la ley. Posteriormente, al comprobar que no pagaba, le informó de nuevo que si es otros dos meses no abonaban el importe debido procedería al corte del suministro eléctrico.


“Es un cliente más y se le trata como tal”, aseguran fuentes próximas a la eléctrica, que ha rehusado hacer ningún comentario oficial. “Al que no paga, tras los avisos pertinentes, se le corta la luz”, sentencian. Fuentes del sector aseguran que el Ayuntamiento debía haber pagado la factura y después haber presentado la reclamación oportuna por lo que considere injusto, igual que hace cualquier otro usuario. “Tal cual hace el propio consistorio con los impuestos que aplica a los ciudadanos”, añaden.


Fuentes de una asociación de usuarios expone que cuando Gallardón se inventó el pasado otoño el impuestos de recogidas de basuras los madrileños se vieron obligados primero a pagar y después han presentado las reclamaciones. “En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento les hubiera cobrado los intereses de demora y, llegado el caso, les hubiera embargado el importe de su cuenta corriente”, argumentan. Ni más ni menos que como se ejecutan las multas de tráfico impagadas.


Pero Iberdrola, que ya procedió de la misma manera con el Metro de Valencia, no es la única que sufre los impagos por parte del alcalde madrileño. Fuentes del sector aseguran a El Confidencial que Unión Fenosa, el otro operador de la capital de España, también acumula deudas del Ayuntamiento dirigido por Gallardón. “Son atrasos como los que tienen con otras compañías de servicios públicos que tampoco están cobrando a tiempo”, añaden fuentes conocedoras de la situación. Desde Gas Natural, dueña de Unión Fenosa, han declinado hacer ningún comentario.


Madrid le debe 12 millones de euros a Iberdrola, pecata minuta si se tiene en cuenta que el consistorio tenía una deuda bancaria de 6.683,9 millones a cierre de 2008, últimos datos disponibles. La deuda del ejecutivo de Gallardón es la mayor de todos los ayuntamientos de España y representa el 20,8% del total (32.000 millones). Teniendo en cuenta que Madrid tiene 3,2 millones de habitantes, la deuda por cabeza asciende a 2.000 euros, cuatro veces que la media nacional.


Esta dramática situación ha llevado al alcalde a elevar la presión fiscal a los ciudadanos para intentar recaudar más dinero con el que hace frente a su deuda bancaria. Los ciudadanos de la capital llevan sufriendo el aumento de los impuestos desde al menos 2003, cuando hasta Rajoy tuvo que intervenir para frenar un aumento del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) del 50%. En 2009 se encareció un 12%.


El pasado año, las agencias de rating ya castigaron el pasado año a Madrid por su elevada deuda. Standard & Poor´s le rebajó el rating a largo plazo, mientras que Fitch dejó abierta la puerta a un recorte al mantener la perspectiva negativa. Mientras tanto, Gallardón siguió tirando de la casa por la ventana como demostró la invitación a 400 personas –con regalo de maleta conmemorativa, jamón y vino incluido- a la votación de de Copenhague. De eso apenas hace cuatro meses.

cuiadiiiin, caja madriL, la esperanza se evapora, CDS a 400, el deterioro de su deuda es considerable

Market Data
Movers
Friday, 12 February 2010 — 12:30
Largest Widening Spreads (Greatest Credit Deterioration) Entity Name 5 Yr Mid Change From Close
bps bps %
HSBC Bank PLC 94.68 +14.29 +17.78
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 300.95 +45.27 +17.71
Standard Chartered Bank 91.36 +13.68 +17.62
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (SUB) 446.40 +65.22 +17.11
Abbey National Plc 106.55 +14.14 +15.30

11 febrero 2010

de como va la batalla energetica

The economist todo en un solo parrafo, parecia imposible....

En So hard to bend (Demasiado rígido para ceder), los analistas de The
Economist (la publicación no firma sus informaciones) considera que España reúne los problemas de todo el continente en un solo país: sus consumidores están altamente endeudados por sus hipotecas como los irlandeses, sus trabajadores tienen una productividad baja como los portugueses o los griegos y les falta formación como a los italianos. Sin embargo, la rigidez y dualidad del mercado laboral es más acentuada en España y es ahí donde está, para The Economist el origen de la alta tasa de paro.

Crisis del euro: el problema no es tanto España como Banco Santander

El 11 de febrero, fecha de la cumbre europea, se conocerá el destino del euro y de la misma Unión Europea (El euro y los PIGS en aprietos: el síndrome Prius”, ver Bajo la Lupa, 7/2/10).

Como en la tragedia griega de Edipo rey, la obra inigualable de Sófocles, la eurozona se encuentra en una bifurcación que marcará su suerte: o salvan su divisa mediante la creación de un “supragobierno económico” de corte neototalitario fiscalista-monetarista que controle las soberanías desfondadas de los países afectados; o dejan libres a las fuerzas especulativas del “mercado (sic)” que desde Londres apuestan a la defunción del euro con sus “PIGS”: acrónimo sádico en inglés del The Financial Times, de Portugal, Irlanda, Grecia y España, y que –en todo caso– debería ser PIIGS –con dos íes–, cuando se suma a la ineludible Italia.

La decisión que adopte Edipo rey, perdón, la eurozona, será determinante para: ya sea acelerar la desintegración financiera/económica global –que tiene ya en la mira a las “burbujas chinas”–, ya sea, detener transitoriamente las consecuencias ominosas de la segunda ola del tsunami financiero anglosajón, gestado en Wall Street.

Peter Garnham, Victor Mallet y David Oakley, reporteros de The Financial Times (8/2/10), revelan que los especuladores han apostado 8 mil millones de dólares contra el euro en 40 mil contratos (¡supersic!) ¡Se desató la furia especulativa anglosajona!

Tracey Allower, blogista muy suelto también de The Financial Times (Alphaville, 5/2/10), se refocila que están a punto de estallar los casi 3 millones de millones de dólares (trillones en anglosajón) del mercado de “bonos cubiertos” (otro artilugio de “activos asegurados”), cuyo mayor emisor es Europa y que equivalen a 3.4 veces el PIB actualizado del “México neoliberal”.

¿Andarán hiperactivos los banqueros esclavistas Rothschild y su pupilo predilecto George Soros golpeando en las penumbras al euro con el fin iluso de salvar a la irremediable libra esterlina?

Tanto el estadunidense Paul Krugman (de The New York Times) como el alemán Wolfgang Munchau (de The Financial Times) han coincidido correctamente en que la bomba de tiempo del euro se encuentra en España, más que en el resto de los PIIGS.

Pudiéramos matizar: más que en España, el epicentro de la crisis del euro se ubica en el Banco Santander: banco de paja de presunta propiedad de la familia real británica y bajo hipotético control del insolvente Royal Bank of Scotland (RBS), que se consagró alocadamente a la especulación de bienes raíces.

Banco Santander ha servido de Caballo de Troya de los intereses financieros de Gran Bretaña para penetrar en las entrañas de Latinoamérica, en particular en Brasil, donde ha capturado el jugoso negocio de la deuda gubernamental que paga los intereses más elevados del planeta entre las economías respetables.

Grupo Santander fue atrapado en el presunto blanqueo de dinero en sus transacciones delictivas con el defraudador universal Bernie Madoff, un instrumento del sionismo financiero global (Correo Ilustrado, La Jornada, “Respuesta a Adolfo Gilly”, 30/12/09), cuando el banco español “perdió” en forma extraña casi 4 mil millones de dólares.

En los años 2007 y 2008 Grupo Santander había recibido una masiva inyección de fondos por el Banco Central Europeo (BCE), que representó un rescate encubierto de la banca española y que benefició en última instancia a Gran Bretaña (GB).

El BCE no sabe para quién trabaja. Cabe recordar que GB no adoptó el euro y hoy sus principales palafreneros multimediáticos festejan su acertada decisión.
Hace más de dos años habíamos alertado de las presuntas fechorías de Santander (“La quiebra de la banca negra: Citigroup, UBS, Santander y BBV”; y “¿Aznarización pirata de los “tesoros” de Petrobras y Pemex?”, Bajo la Lupa 3/10/07 y 30/4/08).

¿Grupo Santander gobierna y controla España como Goldman Sachs a EU?

Santos González, jerarca de la Asociación Hipotecaria Española, admitió que la deuda de las inmobiliarias de bienes raíces, por casi 500 mil millones de dólares (nota: casi 60 por ciento del PIB actualizado del “México neoliberal”), constituye el principal problema de la banca española: mucho más que las impagables hipotecas delincuenciales (www.CincoDías.com y www.elPeriódico.com, 26/1/10).

Santos solicitó que se permitiese a los acreedores ser compensados con los activos de las hipotecarias prácticamente quebradas con el fin de no dañar la “calificación (sic) crediticia” de España ni perjudicar a los bancos. Santos, que parece un aldeano ignaro de la globalización financiera anglosajona, no entiende que el problema son los bancos “globales” del G-7 que urge domar antes que aniquilen al género humano.

Santander, con ínfulas de convertirse en el mayor banco de la eurozona, perdió la semana pasada 16 por ciento de su valor y ostenta la mayor exposición de los créditos inmobiliarios en España. En fechas recientes fue degradado por la calificadora (sic) Fitch en dos de sus fondos,“asegurados” por los préstamos de los insolventes consumidores y por la compra de automóviles impagables. ¡Demencial!

La ministra de Finanzas (estuvimos a punto de escribir “Fianzas”) Elena Salgado, viajó a Londres, acompañada de su segundo de a bordo, el “secretario de Estado de Economía”, José Manuel Campa, para suplicar a los tenedores de deuda española continuar su martirio de seguir comprando más deuda.

Lo más interesante radicó en que Salgado, doblemente secuestrada por la banca londinense y por Grupo Santander (a final de cuentas el verdugo bicéfalo es el mismo), se reunió con los editores de The Financial Times (rotativo que también ha estado hiperactivo para descuartizar al euro), quizá para implorar benevolencia y/o tranquilizar a los “mercados” teledirigidos.

Dos de lo que hemos denominado la banca negra, Santander y Citigroup, además del británico Barclay, organizaron un encuentro de Campa –desalmado neoliberal, “profesor” (¡supersic!) del Grupo Santander, y con fuertes lazos con Goldman Sachs, JP Morgan y Citigroup– con 150 especuladores, perdón, “inversionistas”, donde se humilló a grado tal de prometer medidas draconianas de austeridad (¿más?) para defender al euro y que van desde el salvaje recorte presupuestal pasando por el secuestro de los fondos de pensiones hasta masivos despidos laborales con disminución de salarios (juanst@juanst.com, 8/2/10) cuando proliferan 4 millones de desempleados en España (NYT, 2/2/10). ¡Puro etnocidio financiero!

Campa, quien no se inmuta de sus obscenos conflictos de intereses, actúa como si fuese clon financiero de Calderón y Carstens y, más que salvar a España, busca la redención de Grupo Santander.

La verdadera pandemia global no es la influenza H1N1 montada por el charlatanismo de la OMS (financiada por la Fundación Rockefeller: miembro conspicuo del sionismo financiero global), al que se trepó Calderón en forma imprudente (dizque para salvar a la humanidad), sino el tóxico virus financiero anglosajón de carácter cuádruplemente especulativo, depredador, parasitario y antihumano.

¿Aún no conocen la futura nueva moneda española?......cotizalia

La primera vez que oí hablar del término IOU, derechos especiales de giro, referido al ámbito de las divisas fue en un artículo publicado el pasado 25 de enero en Financial Times por los profesores Goodhart y Tsomocos, titulado The Californian solution for the Club Med. En él, los autores, tras recordar el difícil marco fiscal y de competitividad al que se enfrentan los países del Sur de Europa, y la falta de alternativas para alterarlo de modo ordenado y sin que se produzca una brecha social, concluían que la única solución factible a sus problemas pasa por acudir al viejo recurso de la devaluación competitiva del tipo de cambio. Como tal posibilidad es impensable dentro del euro, y la salida de estas naciones del mismo traería más inconvenientes que ventajas, la única alternativa posible consiste en hacer la depreciación dentro de la moneda única. ¿Cómo? A través de la creación temporal de una suerte de Obligaciones de Pago o IOUs para las transacciones interiores, similares a las usadas en Estados Unidos por las administraciones locales, a una relación de intercambio sustancialmente por debajo de la paridad actualmente en vigor.

De este modo, proseguían, todos los pagos entre residentes en Portugal, por poner un ejemplo, incluidos los salarios y los intereses bancarios, serían realizados en esta nueva divisa que afectaría igualmente a los créditos y depósitos de sus ciudadanos en la banca local. Quedaría únicamente excluido el abono de impuestos al Estado. Por su parte, cualquiera transacción financiera con no residentes, como las derivadas del turismo, seguirían materializándose en euros. Con ello, se lograría restaurar paulatinamente las finanzas públicas (que cobran en euros y pagan en IOUs) y el déficit exterior pues se vende en euros y se produce en la nueva y devaluada moneda. Una explicación simplista con muchos matices, lo sé, pero básicamente es así. Me pareció, he de reconocerlo, una idea peregrina, de difícil implantación y sujeta a enorme picaresca y terrible arbitraje, si nos atenemos a lo ocurrido a los largo de la Historia. Quedó en algún cajón de la memoria.
Sin embargo, el amigo Roubini ha vuelto con la idea reformulada debajo del brazo esta semana en una propuesta que tiene mayor sentido. Bueno, él directamente no, sino dos articulistas que publican bajo el paraguas de su Roubini Global Economics, antes conocido como RGE Monitor. En efecto: Michael Arghyrou y John Tsoukalas (no me pidan, por favor, que memorice sus nombres) rescatan esta posibilidad como opción final si cualesquiera otros intentos de restaurar la Unión y evitar la división entre Norte y Sur finalmente fracasan. Su tesis, de último recurso como insisten en recalcar, parte de un hecho innegable: la Eurozona no es una zona monetaria óptima, ni mucho menos, como prueba el hecho de que, desde su implantación en 1999, los países periféricos no sólo no han convergido con la Europa Central sino que se han distanciado aún más, probablemente debido a la falsa sensación de seguridad que les ha dado la pertenencia a un entorno supranacional y que ha impedido que acometieran las reformas estructurales necesarias, con las consecuencias a las que hemos hecho referencia al inicio de este post.
El documento, de imprescindible lectura por los múltiples matices que incluye en la descripción de la actual situación y sus posibles soluciones (ver especialmente el excepcional resumen que suponen los párrafos tercero y cuarto), se centra a partir de ahí en la imposibilidad de que estas naciones puedan hacer frente a sus deudas a través de los mecanismos tradicionales. No se prevé un aumento de producción a corto plazo mientras que el recorte salarial y de precios propugnado por los expertos podría abocarles a una severa depresión. And then? Pues vuelta la burra al trigo: la solución monetaria. En este caso su estructura es sustancialmente distinta y pasa por la creación de una dualidad monetaria en toda la Unión, con los países core manteniendo el actual euro y el resto adoptando una divisa devaluada de forma temporal, salvo para sus obligaciones de pago (créditos y bonos) que se abonarían al tipo de cambio fuerte. ¿Cuánto? El tiempo necesario para corregir la ampliación de competitividad entre ambas regiones en la última década. En este caso, ambas monedas estarían controladas por el BCE y el salto de una a otra se produciría no sólo en términos de convergencia nominal sino también de balanza de pagos.
Para los autores, se matarían de este modo cuatro pájaros de un tiro. Uno, preservar la credibilidad de la UEM. Dos, evitar una quiebra con las negativas implicaciones que eso supondría. Estos elementos benefician a todos pero especialmente a las naciones más fuertes de la Eurozona. Por otra parte, y en tercer lugar, se evitarían las tensiones internas derivadas de cualquier rescate que se pudiera adoptar de unos países hacia otros y, por último, permitiría abordar reformas estructurales sin los inconvenientes derivados de una excesiva presión. Adicionalmente facilitaría una vía más suave de entrada en la moneda única de los nuevos socios. En definitiva, una devaluación concertada que permitiera, por la vía de la mayor competitividad, aumentar la actividad hasta el punto de corregir los desequilibrios presupuestarios y exteriores y repagar las deudas. Pena que el hombre sea el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, que si no…
Es innegable que la evolución de la anunciada crisis de las finanzas de algunas naciones exige soluciones imaginativas. Con relación a Europa, la Unión tiene una oportunidad única para corregir los errores que han condicionado su viabilidad desde el inicio. Y que ahora se han puesto de manifiesto. Algo que pasa por una cierta cesión de soberanía por lo que al control de las cuentas públicas se refiere, por una parte, y la adecuación de la moneda única a la realidad estructural de cada uno de sus miembros por otra. Desde ese punto de vista, esta alternativa puede ser razonable. Con un pero: durante el periodo de transición, la adecuación ha de ser, a partir de las nuevas emisiones de deuda, del euro fuerte al débil y no al revés de manera que la nueva paridad quede establecida como la definitiva a futuro. Pensar que determinados problemas estructurales, y propios de la idiosincrasia de determinados miembros, se va a corregir de forma rápida es de un optimista que mata. De este modo se evitaría la recurrencia de los problemas a futuro. ¿Qué supone un menor peso de las naciones afectadas dentro de la Unión? Pues claro. ¿No es eso de lo que estamos hablando? De que cada uno asuma el papel real que en esta entelequia le corresponde. Pues nada, dicho queda.

07 febrero 2010

reloj de la deuda española

pulsa aqui para ver reloj




se hace la media entre el spread Alemania - España y los CDS de España, cuyo resultado se compara con una tabla para obtener el indice defcon (indice defcon 1 = Grecia en la actualidad).

Las cifras de deuda son una extrapolacion del ultimo informe trimestral del Banco de España a cada dia que pasa hasta el proximo informe

05 febrero 2010

algunos periodistas ejercen......

SIN MANIPULAR SON 5.436.637 parados

SIN MANIPULAR SON 5.436.637

Lo he dicho en mi twitter. Empieza a ser desagradable ver como, día tras día, no hay ningún medio capaz de leerse este documento, llegar a la página 19 y descubrir que el propio Ministerio del Trabajo admite que hay 5.436.637 demandantes de empleo. Este dato nunca lo incluyen en la nota de prensa, sólo reflejan diversos factores territoriales y cifras sobre seguridad social asociada, pero nada de esos casi cinco millones y medio de españoles que buscan empleo. Desde esa tasa hasta la "oficial" la diferencia estriba en casi 1,4 millones de personas. La cábala responde a colocar el excedente social en diversos epígrafes: 932.299 ocupados en formarse, es decir, gente que el ejecutivo considera tan inútiles que no están ni en condiciones de considerarse parados, puesto que ser pardo conlleva el hecho de poder trabajar si encuentra un empleo. Estos no están en paro, sólo pueden formarse. Otros 202.697 demandantes no son parados oficiales pues su disponibilidad es limitada. Es decir, gente que tiene una ocupación de dos o tres horas a la semana haciendo cualquier tema (clases de inglés en una academia) no son parados técnicamente pero la verdad es que tienen poco de ocupados. Los otros 253.148 que faltan para equilibrar esta macabra ecuación son los "TEASS", es decir gente que está tramitando algo y que la EPA considera parados en toda regla.
En definitiva, que el gobierno se rie a calzón quitado de todos estos periodistas incapaces de leer un documento adjunto, de los que leyéndolo no lo entienden y de los que entendiéndolo dependen de una subvención que peligraría si se ponen recios. Peor para todos, la realidad pesa como el plomo y se nos caerá encima tarde o temprano, en eso, la manipualación estadística no sirve. Prefiero estudiar mis opciones con los verdaderos datos por muy duros que sean, es el método que tengo para salvarme yo y los mios. ¡Buena suerte!

Pd. Aquí no están los autónomos que se dan de baja por no tener nada que facturar.

posibles revoluciones legislativas

jueves 4 de febrero de 2010





Por fin se puede firmar con el DNI-e una iniciativa legislativa popular (ILP)




¡Qué parto tan largo! Por fin hoy puedo hacer pública mi satisfacción por una noticia que sin duda puede contribuir notablemente a mejorar los mecanismos de democracia directa en España: la Universidad de Murcia, a través de su Area de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATICA) con la que he tenido una vez más el placer de colaborar, ha desarrollado una aplicación para facilitar la recogida de apoyos a las iniciativas legislativas populares a través del DNI electrónico que cuenta con el aval de la Junta Electoral Central, según acuerdo adoptado el pasado 28 de enero. En concreto, los promotores de la iniciativa han sido los activos integrantes de la Comisión Promotora de la ILP "Defendamos el Trasvase. Necesitamos un río de firmas"

Aunque se trata de una posibilidad que ya contemplaba desde 2006 la Ley Orgánica que regula las iniciativas legislativas populares, lo cierto es que su artículo 7.4 se limitaba a señalar que las firmas se pudieran recoger "también como firma electrónica conforme a lo que establezca la legislación correspondiente". En fin poca cosa...

Todavía recuerdo cuando, por esas ya lejanas fechas de 2006, comentaba con mi admirado Mario López de Avila y otros conocidos "virtuales" las posibilidades que ofrecía esta reforma a pesar de las limitaciones con que legalmente se concebían las ILPs por la relevancia de las materias excluidas. Sin embargo, pienso que el simple hecho de que los grupos parlamentarios se vean obligados a pronunciarse ante las inquietudes y preocupaciones de la ciudadanía ya es un logro que debe ser resaltado en un sistema político caracterizado por el dominio de una partitocracia que, con demasiada frecuencia, se encuentra al margen de la realidad y las prioridades de los ciudadanos.

Pero la gran dificultad para presentar una ILP hasta ahora ha determinado que, pese a existir una legislación desde 1984, hayan sido muy limitados los casos en que se ha hecho uso de esta herramienta, ya que resultaba ciertamente complicado en primer lugar conseguir 500.000 firmas utilizando medios "presenciales"; y, en segundo lugar, gestionar todo el procedimiento de validación de las firmas conseguidas. Por ello, la posibilidad de que los ciudadanos puedan utilizar el DNI electrónico para ejercer este esencial derecho debe considerarse un hito de gran trascendencia, ya que se simplificarán enormemente dichos trámites y, en consecuencia, se facilitará la presentación de estas iniciativas.

Ahora la principal dificultad para este tipo de iniciativas puede estar en la falta de conocimiento por parte de los ciudadanos acerca del funcionamiento de los certificados del DNI electrónico (¡he hecho la prueba con mis alumnos y algún día contaré los detalles!) y, en particular, la escasez de usuarios que disponen de un lector de tarjetas a pesar de los esfuerzos de Red.es por promover el uso del DNI electrónico.

Ahora bien, si queríamos promocionar su uso, aquí tenemos una oportunidad inmejorable: ¿qué pasaría si surgiera una ILP relacionada con la propiedad intelectual y la descarga de ficheros en Internet? Estoy convencido que en este caso la recogida de las 500.000 firmas sería cuestión de días. Sin duda se abre una nueva ventana, nunca mejor dicho, por la que puede entrar un necesario aire fresco, aunque sea telemáticamente: este es un claro ejemplo de cómo la tecnología no siempre es motivo de preocupación para los derechos de los ciudadanos sino que, antes al contrario, permite redescubrir y fortalecer mecanismos casi olvidados.


02 febrero 2010

Si espana quebrara, "alguien" se embolsaria 14.000 millones...Que son los CDS

En las noticias sobre los problemas de la deuda soberana de un país se suele mencionar a los Credit Default Swaps (CDS) y se alerta del riesgo que supone el aumento de la prima de riesgo por las graves implicaciones para la financiación del Estado, las empresas y la economía en general de un país.

¿Es esto lo preocupante de un CDS sobre deuda soberana? Ojalá. Desgraciadamente para el caso español, existen otras cuestiones relativas a los CDS más transcendentes que si su prima anual aumenta de €60.000 a €80.000.

Origen de los CDS

Los primeros CDS “modernos” aparecen en los años 80 en Londres. Joe Cassano, el jefe de la sección de productos financieros de AIG, empezó a tratar con derivados bajo la forma de seguros de forma parecida a como tiempo antes lo había hecho con Michael Milken en Drexel Brunham (de nuevo, el pecado en el origen y la repetición de las mismas conductas una y otra vez).

La idea era simple: establecer un contrato de “seguro” que vincularía a un comprador de protección (una entidad que pagaría cierta cantidad a cambio de garantizarse protección en caso de impago), un vendedor de protección (la entidad que recibiría esos pagos y que se obligaba al pago en caso de impago) y una entidad de referencia (la entidad emisora de los bonos).

Con el paso del tiempo, esta idea se ampliaría de dos formas: a) ampliando la base del contrato de forma que el vendedor de protección, para proteger su propia inversión, transmitiría el contrato a un cuarto que a su vez lo transmitiría a un quinto y así sucesivamente y b) creando el aspecto “especulador” del contrato con lo que el CDS ya no se utilizaría para proteger los bonos de la cartera del comprador sino para operaciones de inversión con los diferenciales.

La ampliación del negocio, con el tiempo y la benevolencia de las autoridades financiero-políticas, desembocarían en $604.622 trillones (americanos) de derivados (entre ellos los CDS) y en que una entidad emisora como AIG estuviera a punto de llevar a la quiebra a todo el sistema financiero mundial. AIG había estuvo emitiendo bonos que se colocaban sin garantía interna salvo la protección de los CDS. Tras la subida de tipos de la FED, las entidades compradoras de protección empezaron a pedir garantías a AIG que no podía hacer frente, lo que llevo a la intervención pública.

Los Participantes

De ese CDS primigenio como “protección” se pasó al actual CDS como derivado del crédito. Existen múltiples formas de agrupar los derivados del crédito pero resumiendo se pueden agrupar en tres: Contratos de Riesgo de Impago, Contratos Replicantes (Total Return Swaps o TRS y Contratos sobre Diferenciales de Crédito) y Contratos Estructurados con Derivados Crediticios. Los CDS junto con los Credit Linked Notes son un tipo de Contratos de Riesgo. Son, en este sentido, opciones de carteras de bonos o préstamos más que meros productos de protección.

La introducción de este nuevo tipo de CDS permitió que nuevos participantes entraran en el mercado de los CDS. Así, se pasó de ser usado sólo por entidades financieras y aseguradoras a serlo por gerentes de activos de empresas, aseguradoras, Hedge Funds, Tesoros Públicos, los “desks” de negocios de bancos comerciales y de inversión y fondos soberanos. Estos participantes usan los CDS por diversas razones:

a) Un emisor de CDS puede venderse protección de si mismo: por ejemplo, una entidad financiera con una base de sus bonos comparado con el valor de sus propios CDS mayor que cero, puede obtener un beneficio si ejecuta el negocio a través del CDS en lugar que a través de la obtención de dinero con los bonos.

b) Una Corporación Local puede colocar su efectivo en sus propios CDS si el diferencial entre estos y la rentabilidad de la deuda del Tesoros es positiva.

c) Una empresa puede aumentar su línea de crédito con su entidad financiera adquiriendo CDS de dicha entidad y presentándolos como colateral.

d) Un emisor de deuda (una entidad financiera, un estado o una empresa) puede aumentar solo la parte de su deuda subordinada sin aumentar su deuda “senior” gracias a una combinación de CDS y TRS para obtener financiación menos onerosa.

e) Una entidad financiera puede aumentar ficticiamente su rating usando CDS.

f) El Tesoro de un país que provee que pueda tener problemas para colocar su deuda puede emitir parte de ella en una moneda extranjera (dólar o francos suizos por ejemplo) y acudir posteriormente al mercado de CDS.

g) Un Hedge Fund o un fondo soberano, por ejemplo, pueden comprar deuda soberana de un (otro) país y comprar al mismo tiempo CDS contra esa misma deuda. Una vez adquirido el CDS (no hace falta su posesión física) puede especular (fomentar) el impago de la deuda.

En teoría, los CDS se contratan a través de la ISDA (International Swaps and Derivatives Association) pero en la práctica, muchos de estos participantes prefieren hacerlo a través de contratos bilaterales privados con sus propias cláusulas y condiciones, los OTC. Así, una entidad financiera que, por ejemplo, pase por situación “temporal” de liquidez, puede preferir llegar a un acuerdo privado en lugar de acudir al mercado “oficial” más regulado y evitar la exposición publica de su salud financiera.



El registro de los contratos se realiza en la Depository Trust & Clearing Corporation o DTCC (que toma los datos de la Trade Information Warehouse) y en el Bank for Internacional Settlements (que toma los datos de los Bancos Centrales para las operaciones realizadas por los miembros de sus sistemas financieros). Parecería lógico que ambas fuentes proporcionaran iguales cifras y de hecho así había venido ocurriendo hasta que las cifras del BIS empezaron a discrepar con las del DTCC con los primeros intentos por hacer el mercado de los CDS transparente. Pura casualidad.

CDS de la deuda soberana de España

En cada contrato de CDS que se establece dentro de la ISDA se especifican los cinco hechos qué constituyen el suceso de crédito: quiebra, suspensión de pagos, moratoria, aceleración de las obligaciones o reestructuración de la deuda.

Sobre esos cinco sucesos, en teoría, se calcula la prima del CDS según dos métodos: uno interno (basado en el valor de la entidad emisora, Merton o Black-Cox) y otro externo (basado en factores exógenos a la entidad como la información de mercado y la estructura temporal de tipos de interés (Jarrow-Turnbull). Explicar estos modelos es imposible por razones de espacio, pero resumiendo, el valor de la prima depende del pago periódico del comprador hasta la ocurrencia del suceso o su vencimiento, la probabilidad neutra del riesgo (probabilidad de uno de los cinco sucesos anteriores), de la tasa de recuperación de la deuda y de los tipos de interés libres de riesgo.

En la práctica y en el caso de las emisiones soberanas, esta prima se ve afectada también por la actuación de los “desks” de las entidades financieras. Si el diferencial de las entidades financieras no se reduce, aumentará el de la deuda soberana porque los inversores venderán CDS de las entidades para comprar CDS de deuda soberana. En el caso de España, el trabajo de estos “desks” es proteger a sus entidades del impago procedente del aumento de los préstamos hipotecarios y promotores a través de la compra de sus propios CDS en detrimento de los de la deuda española.

¿Que dice el DTCC de los CDS pendientes de la deuda soberana española? Para comparar donde esta España en este momento, se toma como referencia a nueve países que han pasado (Islandia) están pasando (Grecia) o que presentan actualmente problemas parecidos al caso español.

El cuadro inferior, elaborado a partir de la información disponible en DTCC, contiene el valor bruto, neto y el número de contratos CDS pendientes. De Diciembre del 2008 a Diciembre del 2009, el total de contratos pendientes para España aumentó un 42%, cifra inferior a los aumentos de Grecia (108.3%) y Austria (108.2%), similar al aumento de Italia (50.6%) y superior a los de Islandia, Letonia o Dubai.

España no es aun ni Grecia ni Austria (el mercado ya ha descontado que no podrán hacer frente a sus pagos) pero tampoco es Dubai (el mercado entiende que ya ha encontrado solución a sus pagos).

Como casi siempre en temas económicos, lo interesante de este proceso no es la foto fija del momento sino la evolución, la secuencia de los acontecimientos y para ello, el caso de Islandia es el ejemplo perfecto: los contratos aumentaron un 107% durante el 2008 para, una vez ya provocada la bancarrota, cancelarlos (-9.4% en el 2009 en comparación con el 2008).

Lo importante no es la cancelación de los contratos (lógico ya que es una de las dos formas de la extinción del contrato) sino el aumento en los periodos previos anteriores a la explosión y al impago. Nótese además que la deuda soberana se coloca justo hasta el día antes del impago. “Business as usual” hasta el minuto anterior.

¿Ilógico? Depende de para que se quiera utilizar un CDS. Inflar, estallar y cobrar.





Es por ello que no importa tanto si el coste de la protección aumenta sino la evolución de los contratos y sobre todo, quien posea el derecho sobre el contrato. Es en esto en lo que nos debemos de preocupar (para el caso de los CDS).



Quienes tengan al final los contratos, controlaran en gran parte el futuro de la deuda soberana española. ¿Y quienes poseen esos 2.907 contratos? ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablábamos de quienes compran la deuda española?

01 febrero 2010

cambio climatiloco.......estamos seguros?

Estado Islamico para Alemania en 2050 ...mucho antes para España, no hace falta predicar el evangelio...

detalles del premio Nobel de la Paz ---------- EE.UU. despliega barcos de guerra y sistemas antimisiles frente a las costas de Irán

La administración estadounidense está acelerando el despliegue de defensas en el Golfo alegando la posibilidad de ataques iraníes con misiles, informó este sábado el New York Times.

El operativo consiste en ubicar barcos de guerra especializados ante las costas iraníes y sistemas antimisiles en al menos cuatro países del Golfo -Qatar, los Emiratos Arabes Unidos, Bahréin y Kuwait-, afirmó el Times, citando a responsables militares y gubernamantales.

Omán también fue consultado, pero hasta ahora no se desplegaron ahí misiles Patriot, dijeron responsables estadounidenses al diario. Añadieron que la disposición de otros países árabes a aceptar las defensas militares estadounidenses refleja el creciente temor en la región sobre las ambiciones de Irán y sus posibilidades.

“Nuestro primer objetivo es disuadir a los iraníes“, dijo un responsable del gobierno. “El segundo es tranquilizar a los Estados árabes, para que no crean que ellos también han de obtener armas nucleares. Pero también hay un elemento tranquilizador para Israel” en el despliegue, admitió.

© 1994-2009 Agence France-Presse

¿Conoces los escandalosos privilegios en las pensiones de jubilación y sueldos de políticos y cargos públicos?

Si en otros artículos nos referíamos a las pensiones públicas a la que tienen derecho la gente de “a pie” (Las 5 reglas de oro para conseguir una buena pensión de jubilación, esta vez analizamos en profundidad las pensiones de colectivos privilegiados, como los altos cargos institucionales (ministros, diputados, secrearios de Estado, etc). Precisamente, para estos altos cargos existe la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa por el arduo trabajo realizado.

Efectivamente, la primera gran diferencia entre una pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del erario público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…, podrán percibir dos y tres salarios del Erario Público.

Es más, todos los contribuyentes deben tributar por sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados o senadores no está sujeto a IRPF porque se considera como indemnización para gastos de su cargo.

Además, todos nosotros debemos cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tengamos derecho, sin embargo a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación.

Y este gran privilegio lo tienen gracias a la llamada pensión parlamentaria, que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de junio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años.

Esta pensión parlamentaria se creó para los supuestos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite máximo de pensiones públicas. En esos casos las Cámaras abonarían la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión percibida por el diputado, en resumen, las Cámaras pagarán el dinero necesario hasta que el diputado alcance la base máxima de jubilación.

Curiosamente, esta pensión parlamentaria se establece según su "Exposición de Motivos" para equiparar a los parlamentarios españoles a la media de los países de nuestro entorno.

Indemnización por cese del parlamentario

Más gracioso todavía es el motivo que indican para justificar la indemnización por cese del parlamentario. Según la Exposición de Motivos del Reglamento de 11.06.2006, la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga a dejar la ocupación habitual de modo que cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades. La dificultad más “relevante”, según esta Exposición de Motivos, es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña cargo parlamentario.

Es decir, un parlamentario que al mes percibe como salario medio mensual 4.000 €, tendrá la gran preocupación de que cuando cese su cargo no tendrá la prestación de desempleo, así que, claro, esto supone una gran problema, por ello se establece una suculenta indemnización por cese.

Además, también se establece la indemnización que permita hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones en el que no es evidente si se va a continuar en el desempeño del cargo.

La indemnización por cese parlamentario será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización además se abonará mensualmente.

Idénticos motivos se adujeron para justificar la indemnización por cese de los ministros, permitiendo que dicha indemnización fuera compatible con el cargo de diputado o senador o con cualquier otro tipo de remuneración.

De manera que cuando el ministro cesa en su cargo, tendrá derecho a una indemnización del 80% de su salario hasta dos años como máximo y tal percibo de cantidades la podrá compaginar con la remuneración por diputado o senador y cuando cese en el cargo de diputado o senador también tendrá derecho a una indemnización por cese que será una mensualidad por año de cargo y además tendrá asegurada la base máxima de la pensión de jubilación si ha estado en el cargo parlamentario al menos siete años.

Asimismo, podrá compatibilizar este mismo Ministro su indemnización por cesantía en el Parlamento europeo como es el caso de muchos ministros que cobran pensiones como ex comisario europeo por ejemplo compatibilizando esa pensión con su remuneración como ministro del Gobierno y cuando cese en ese cargo percibirá también la pensión del 80 % por cesantía como Ministro y así indefinidamente.

Jueces y magistrados

Más precaria es la situación de los jueces y magistrados que pasan de percibir un activo de 4.000 o 4.500 € a ser beneficiarios de una pensión de jubilación de unos 1.800 €, siempre y cuando acrediten, al menos, 35 años cotizados, lo que no es tan fácil teniendo en cuenta la edad media de ingreso en la Carrera judicial que suele oscilar entre los 31 o 32 años.

No siempre fue así el tratamiento de los jueces y magistrados jubilados en España. Antes para calcular el importe de su pensión servía como salario regulador para la jubilación el salario mayor que hubieran percibido durante dos años por lo menos, cuantía significativamente más alta que la actual pensión que se les ofrece.

Así que tanto jueces como magistrados están en pie de guerra solicitando una equiparación de la pensión de jubilación y del salario activo pidiendo que no les aplique un tope máximo de pensión para de esa manera poder percibir una pensión exactamente igual al salario que venían percibiendo durante su judicatura.

Además también están solicitando una rebaja en el período de prestación efectiva de servicios (35 años) porque no se puede empezar a trabajar como juez a los 16 años. Dicha aspiración la tenemos todos por supuesto, pero no podemos ni siquiera pedirla, ya que sería una auténtica locura que Notarios, abogados o arquitectos, por nombrar algunas profesiones que tampoco se pueden iniciar a los 16 años, tuvieran la misma pretensión que los Jueces ya que ello implicaría el fin del sistema del bienestar social y de las arcas de la seguridad social.

Sin embargo, los jueces se ven en todo su derecho. Además como su jubilación forzosa está fechada a los 70 años en vez de a nuestros 65 años, también entonan su queja de que trabajan cinco años más que el resto de los mortales por lo que es necesario que no les apliquen nuestros topes máximos de jubilación y que, en definitiva, se les pague como hace 23 años, de acuerdo con lo que efectivamente venían cobrando al momento de su jubilación.

Con todo esto desde el Gobierno hablan de austeridad y de contención económica y es muy significativo que ninguno de los ex parlamentarios o ex ministros renuncien a su indemnización por cesantía y sigan acumulando y simultaneando pensiones y remuneraciones con todas las garantías legales y con el dinero de los contribuyentes.