El pasado 8 de febrero la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, reveló que España emitiría deuda en 2010 por valor de 211.000 millones de euros. Ni más ni menos. «Es una oportunidad muy atractiva para los inversores», añadió Núñez, sabedora de que el deterioro de la imagen del país en los mercados internacionales estaba encareciendo día a día la prima de riesgo (el interés a pagar) respecto al bono alemán. Y destacó otro dato más: a finales de este año habría en circulación más de medio billón de euros de deuda en el mercado con el sello del Reino de España.
La cifra global de todas las administraciones -unos 692.000 millones- impone respeto. Pero asusta un poco más por el hecho de que no incluye los más de 66.000 millones que ayuntamientos y comunidades autónomas han emitido a través de las llamadas «vías alternativas», es decir, las que no se realizan mediante las tradicionales letras, bonos y obligaciones.
Con la caída en picado de los ingresos fiscales, la emisión de la denominada deuda B de municipios y autonomías se ha triplicado en el último año debido a las acuciantes necesidades de financiación de estas administraciones. Sobre todo, a través de las empresas público privadas. También han hecho lo propio algunas empresas dependentes del Estado.
El escándalo de la ocultación de la deuda griega a través de derivados gestionados desde Goldman Sachs ha hecho saltar varias alarmas en los órganos de control estadístico. España coloca deuda con este banco, pero no a través de derivados, aclaran en el Tesoro.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró esta semana que España no ha realizado operaciones especulativas para ocultar su deuda. Así lo corroboran también las agencias de rating consultadas.
Sin embargo, las administraciones públicas se han financiado a través de vías secundarias. La forma tradicional de financiación se hace mediante dos fórmulas: la concesión de créditos por parte de las entidades financieras y la emisión de deuda (letras, bonos y obligaciones públicas). En este último caso, la emisión de deuda de una administración autonómica y local debe contar con la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda global de las autonomías superaba los 84.000 millones en el tercer trimestre de 2009 frente a los 57.000 de dos años atrás. Mientras, la de los ayuntamientos alcanzó los 34.546 millones (la mayor parte de ella es crediticia).
Pero lo preocupante es el asombroso incremento del recurso a otras vías paralelas de financiación. Como las emisiones colocadas al resto de administraciones o la deuda directamente emitida por las sociedades públicas. También entran dentro de esta partida la utilización del fondo de reserva de la Seguridad Social, los créditos comerciales y las facturas pendientes.
«El problema ahora pasa porque las emisiones públicas de todos los países están saturando el mercado. Y no hay mucho dinero para el resto, por lo que las dificultades para lograr financiación por el resto de vías será cada vez mayor», señala una fuente conocedora de los datos.
Las cifras de esta financiación alternativa salen del cruce de los dos tipos de contabilidad de la deuda. El primero de ellos, el que se conoce como Protocolo de Déficit Excesivo excluye este tipo de financiación alternativa. El segundo, el de las cuentas financieras de la economía española sí los incluye. La diferencia de esas dos partidas permite, por lo tanto, observar el recurso a vías de financiación adicionales por parte de los poderes públicos.
Y este recurso ha crecido de forma desmesurada en los últimos años. Así, las autonomías han pasado de 11.395 millones de euros en el año 2000 a 25.125 millones en 2005 y a 37.429 millones a mitad de 2009.
Los ayuntamientos, por su parte, han elevado estas cifras a lo largo de los últimos nueve años desde los 10.631 millones hasta los 29.080 millones. Y la Administración central tampoco se ha quedado corta: ha duplicado esta vía desde los datos de cierre del año 2003 situándose ya en 104.126 millones, si bien es cierto que todas las fuentes consultadas han destacado la utilización de mecanismos perfectamente ortodoxos por parte del Estado.
El peso de estas vías adicionales de colocación de la deuda es más que significativo. En el caso del Estado, su peso sobre el total de la deuda de la Administración central se sitúa en un 21,16%. Mientras, en las autonomías, su peso sobre el total de la deuda de estos entes alcanza el 31,32%; y, en el caso de los ayuntamientos y el resto de corporaciones locales, el porcentaje se eleva hasta casi uno de cada dos euros: el 47,09%.
«Estos datos reflejan la realidad de las dificultades que se han encontrado y que se pueden encontrar a partir de ahora para financiar el gasto público», señalan las fuentes financieras antes mencionadas.
Y es que la evolución de la suma del conjunto de las administraciones, a lo largo de la última década no tranquiliza en absoluto: la deuda financiada por mecanismos alternativos ha pasado de 86.370 millones de euros a más del doble: 197.278 millones. Y sólo desde 2007 este mecanismo ha absorbido más de 41.500 millones.
«Todos estos mecanismos, además, están compitiendo con las exigencias de financiación de las empresas privadas, que acuden a unos mercados saqueados por los préstamos a las administraciones públicas y sus sociedades», concluyen las mismas fuentes.
Por si fuera poco, las autonomías y los ayuntamientos han seguido aumentando el número de empresas satélite, cuya deuda (acumulación de déficit) se contabiliza aparte. Por tanto, no aparece en el cómputo del déficit excesivo que determina el Plan de Estabilidad. Así, esta deuda B autonómica de sus sociedades era de casi 15.000 millones en el tercer trimestre de 2009, último dato conocido, frente a los 10.000 de 2007, al inicio de la crisis. La de los ayuntamientos alcanza los 7.574 millones, un 60% más que hace dos años.
En 2009 se ha detectado un aumento espectacular de la creación de estas empresas que se utilizan en su mayor parte para centrifugar partidas de gasto y de déficit. Eurostat, la agencia estadística europea, permite su creación siempre y cuando al menos el 50% de sus ingresos procedan del sector privado.
Sin embargo, están proliferando como setas y la Intervención General del Estado tiene dificultades para controlar su objeto social y obligar a las administraciones a consolidarlas en sus cuenta generales.
Además, existe otro cúmulo de sociedades de mayoría privada en las que las autonomías, y sobre todo los ayuntamientos, participan de forma minoritaria. Lo que supone más problemas aún en el desentrañamiento de esta madeja de deuda colateral.
Por cada sociedad pública disuelta por el Estado en los últimos 15 años, las autonomías han engendrado siete, pasando de 455 sociedades a 807. Incluyendo fundaciones y consorcios, las entidades con presencia pública de las Administración central, autonomías y ayuntamientos superan las 3.800. Una sangría contagiosa que ha llevado a diputaciones y alcaldes a controlar la mitad de las sociedades mercantiles públicas y que les permite eludir los controles administrativos de todo tipo, incluso en la contratación con terceros (sin licitación pública). Se trata además del coladero para repartir empleo.
LAS OTRAS DEUDAS PÚBLICAS
84.000 millones. Era la deuda global de las comunidades autónomas en el tercer trimestre de 2009. Dos años antes la cifra era de 'sólo' 57.000 millones.
34.546 millones. Es lo que deben los ayuntamientos. La mayor parte de esta cantidad corresponde a créditos por parte de entidades financieras.
37.429 millones. Es la deuda de las comunidades negociada a través de otras vías de financiación alternativa.
29.080 millones. Corresponde a la financiación 'paralela' que han obtenido las corporaciones locales.
23.000 millones. Es la cifra que deben las empresas 'satélite' que han creado ayuntamientos y autonomías, que no consta en la contabilidad general.
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